Funcionarios y proveedores podrán ir a prisión bajo nueva Ley de Contrataciones
Con 19 votos a favor y 9 en contra, el Senado aprobó este jueves en primera lectura el proyecto de Ley Orgánica de Contrataciones Públicas, que busca establecer un marco jurídico robusto para garantizar la transparencia y el uso correcto de los recursos del Estado.
La propuesta legislativa modifica la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones, introduciendo por primera vez un régimen de sanciones claras y proporcionales, tanto administrativas como penales, para los funcionarios públicos y particulares que incurran en prácticas irregulares.
Uno de los puntos clave del nuevo proyecto es que prohíbe de manera expresa que funcionarios o congresistas sean proveedores del Estado mientras estén en ejercicio de sus funciones. De violarse esta disposición, podrían enfrentar penas de prisión de entre dos y cinco años, multas económicas y inhabilitación para ocupar cargos públicos por un mínimo de cinco años.
El artículo 234 del proyecto establece:
“El servidor o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, intervenga de manera dolosa en la tramitación, aprobación o celebración de un contrato, violando el régimen de inhabilidades y prohibiciones previsto en la presente ley, será sancionado con una pena de dos a cinco años de prisión, multa de 20 a 50 salarios mínimos del sector público e inhabilitación para ejercer funciones públicas”.
La iniciativa también sanciona a los particulares que intenten manipular procesos de contratación mediante sobornos u ofertas ilícitas. Según el artículo 236:
“El particular que ofrezca a un funcionario público, directa o indirectamente, ventajas de cualquier tipo para influir en un proceso de contratación será sancionado con una pena de cuatro a diez años de prisión”.
Otro aspecto novedoso es la prohibición del fraccionamiento de compras, práctica común para evadir los procedimientos legales, especialmente los concursos públicos, y favorecer adjudicaciones directas de menor cuantía. Con esta medida, se busca cerrar brechas para actos de corrupción y fortalecer la eficiencia en el gasto público.
