Eco Judicial

Ministerio Público continúa acusación contra Adán Cáceres

Santo Domingo.– El Ministerio Público informó que, a semanas de concluir el juicio por corrupción administrativa vinculado a las operaciones Coral y Coral 5G, la defensa del mayor general Adán Benoni Cáceres Silvestre busca que su expediente sea desglosado del caso principal, que involucra a otros imputados del entramado de corrupción.

La audiencia de este lunes, en la que se esperaba finalizar la incorporación de pruebas por parte de la defensa de Boanerges Reyes Batista, Franklin Antonio Mata Flores, José Manuel Rosario Pirón, Carlos Augusto Lantigua Cruz y el coronel Rafael Núñez de Aza, fue aplazada debido a una supuesta condición médica de Cáceres Silvestre, quien presentó una licencia médica de 45 días.

El procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Pepca, explicó que el Ministerio Público solicitó la conformación de una junta médica a través del INACIF para verificar la validez de la licencia, ya que esta no incluía historial clínico ni precisaba qué procedimiento requería un reposo tan prolongado.

Ante esta situación, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, reprogramó la audiencia para el 3 de noviembre, solicitando que la defensa aporte la documentación médica correspondiente al Ministerio Público.

Desde el 29 de agosto, el Ministerio Público concluyó la presentación de más de 2,900 pruebas que sustentan la acusación contra los generales Adán Cáceres, Julio Camilo de los Santos Viola, Juan Carlos Torres Robiou y otros implicados, quienes desviaron más de RD$4,500 millones del Estado dominicano.

Entre estas pruebas se incluyen documentos, peritajes, declaraciones de testigos, pruebas materiales y bienes incautados como inmuebles, vehículos y dinero en efectivo.

El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre, exjefe del Cusep, de liderar una red de corrupción compuesta por 30 personas físicas y 18 jurídicas, que operó entre 2012 y 2020, desviando fondos públicos, incluidos recursos de inteligencia del Cusep y del Cestur, generando un perjuicio millonario al Estado.

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