Santo Domingo.– El arresto del supervisor de la oficina local de la DEA en República Dominicana, Melitón Cordero, desató una decisión sin precedentes: el cierre temporal de la sede antidrogas estadounidense en el país.
Cordero fue detenido el 12 de febrero de 2026 como parte de una investigación federal sobre el presunto uso indebido de un programa de visados destinado a reclutar informantes confidenciales extranjeros para colaborar con agencias estadounidenses.
La medida fue confirmada por la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, quien anunció el cierre de la oficina de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Santo Domingo hasta nuevo aviso, subrayando que no se tolerarán actos de corrupción dentro de la misión diplomática.
La investigación está siendo encabezada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y se centra en posibles irregularidades en un programa migratorio especial que otorga beneficios a extranjeros que colaboran con investigaciones federales.
Cordero ocupaba una posición estratégica al frente de las operaciones antinarcóticos en el país, coordinando investigaciones, intercambio de inteligencia y cooperación directa con autoridades dominicanas. Su rol también implicaba enlace con otras agencias federales como el FBI.
Aunque hasta el momento no se han detallado los cargos específicos en su contra, la gravedad del caso llevó a la administración estadounidense a reubicar al personal asignado en territorio dominicano mientras se desarrolla la revisión interna.
En un comunicado oficial, el administrador de la DEA, Terrance Cole, afirmó que la agencia mantiene “tolerancia cero ante conductas indebidas o corrupción” y aseguró que cooperan plenamente con las autoridades correspondientes.
El ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Roberto Álvarez, aclaró que el cierre de la oficina responde exclusivamente a una investigación interna de Estados Unidos y no guarda relación con actuaciones del Gobierno dominicano.
República Dominicana ha sido considerada durante años un punto estratégico en la lucha contra el narcotráfico regional, especialmente como zona de tránsito de drogas procedentes de Sudamérica. El arresto de Cordero coloca ahora bajo escrutinio uno de los principales enlaces operativos de esa cooperación bilateral.
El caso revive cuestionamientos previos sobre el programa de visados para informantes, luego de que un informe de supervisión del Departamento de Justicia en 2019 señalóa fallas en el control y seguimiento de personas patrocinadas bajo este mecanismo.
