Madrid.– Trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales de España protagonizaron este miércoles una huelga general para exigir al Gobierno medidas frente a la crisis de vivienda, el aumento de los precios y las dificultades económicas que afectan a millones de ciudadanos.
La convocatoria, bajo el lema «Salarios. Vivienda. Precios.», constituye la primera huelga general en el país en 14 años y se desarrolla a menos de tres semanas de unas elecciones nacionales, en un contexto de creciente presión social por el costo de la vida.
En Barcelona, segunda ciudad más grande de España, numerosos establecimientos comerciales permanecieron cerrados o protegidos con paneles ante posibles incidentes durante las manifestaciones. El transporte público también registró interrupciones y retrasos, mientras que el servicio de metro operó únicamente durante la hora punta.
Carlos Ferrer, un trabajador de atención al cliente de 45 años que intentaba regresar en tren a Alicante desde Barcelona, consideró que medidas de presión como una huelga general pueden ser necesarias para impulsar cambios y obligar a las autoridades a escuchar las demandas ciudadanas.
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En Madrid, las movilizaciones se desarrollaron bajo fuertes lluvias. Los manifestantes recorrieron las principales vías y bloquearon la Gran Vía, una de las arterias comerciales más importantes de la capital.
Los sindicatos convocaron concentraciones en el centro de la ciudad y organizaron protestas en más de 50 localidades del país.
Manuel Gómez, estudiante de 19 años, valoró la participación ciudadana y consideró que las manifestaciones representan un cambio en la manera en que los españoles expresan su inconformidad.
«En España tenemos un grave problema, que es que cuando no nos gusta algo, no salimos nunca a quejarnos, como en otros países, por ejemplo en Francia», manifestó.
La huelga también afectó el transporte aéreo. Según el operador aeroportuario AENA, alrededor del 5 % de los vuelos programados para este miércoles fueron cancelados en los aeropuertos españoles.
Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), uno de los sindicatos convocantes, aseguró que la movilización superó las expectativas de las organizaciones.
«Es un éxito de convocatoria», afirmó.
En un comunicado, CCOO y la Unión General de Trabajadores (UGT) reportaron una participación significativa durante las primeras horas, con paros del 90 % en los sectores de automoción y portuario, 85 % en la industria cárnica, 82 % en la recogida de residuos y 75 % en el sector energético.
Durante las primeras horas también se registraron bloqueos de carreteras, algunos con neumáticos incendiados, además de enfrentamientos entre piquetes y agentes policiales cerca del principal mercado mayorista de Madrid. En algunos puntos, la Policía utilizó gas pimienta contra huelguistas.
La paralización alcanzó igualmente centros educativos. Varias escuelas y universidades permanecieron cerradas o funcionaron con servicios mínimos. En Madrid, la situación coincidió con una huelga docente que se mantiene desde hace casi un mes para reclamar mejores condiciones laborales.
La crisis de vivienda concentra los reclamos
La principal demanda de los manifestantes es el acceso a viviendas asequibles, en medio de un incremento sostenido de los alquileres.
El precio medio de arrendamiento en España prácticamente se ha duplicado durante los últimos diez años, presionando los presupuestos familiares y dificultando que numerosos ciudadanos puedan adquirir una propiedad.
La indignación aumentó tras el desalojo de una mujer de 87 años de su vivienda en Madrid, un caso que recibió amplia atención pública. La posterior muerte de la mujer, conocida como Maricarmen, intensificó las críticas y la convirtió en un símbolo de las dificultades que enfrentan los inquilinos.
Organizaciones defensoras del derecho a la vivienda impulsaron la convocatoria de la huelga a partir de ese caso y posteriormente consiguieron el respaldo de UGT y CCOO.
Entre sus principales exigencias figuran la eliminación de los apartamentos turísticos que consideran perjudiciales para el mercado residencial, medidas contra la especulación inmobiliaria y mayores garantías para los inquilinos, incluidas renovaciones automáticas de los contratos de alquiler.
Los sindicatos también reclaman una mayor intervención del Gobierno en el mercado inmobiliario y un nuevo acuerdo sobre el salario mínimo mediante negociaciones con las organizaciones empresariales.
Sandra Mora, portavoz del Sindicato de Inquilinas, defendió la participación de los trabajadores en la protesta y recordó que quienes mantienen en funcionamiento la economía también enfrentan los elevados costos de la vivienda.
«Quien tiene la capacidad de parar la producción de este país y detener la economía somos las trabajadoras, que también somos inquilinas o que también pagamos hipoteca», expresó durante una entrevista en Radio Nacional de España.
