El Tribunal Constitucional de la República Dominicana, mediante la Sentencia TC/0767/24, declaró inconstitucional la Ley 1-24 que creaba la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), argumentando que no fue aprobada como ley orgánica, como requería su naturaleza.
La decisión, tomada el pasado 29 de noviembre y divulgada hoy, acogió la acción directa de inconstitucionalidad interpuesta por los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD).
En su fallo, el tribunal señaló que, aunque la Ley 1-24 afecta derechos fundamentales como la intimidad y el honor personal, no los regula de forma directa ni esencial, condición indispensable para ser considerada orgánica.
“Esta ley, al ser aprobada sin cumplir con los procedimientos establecidos en el artículo 112 de la Constitución, incurrió en un vicio de forma insalvable. Por tanto, debe ser expulsada del ordenamiento jurídico”, afirmó el tribunal.
El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, presentó estas propuestas ante el Senado, en un esfuerzo por abordar las preocupaciones relacionadas con derechos fundamentales.
Firma de la sentencia
La decisión contó con el respaldo unánime de los jueces del Tribunal Constitucional, presidido por Napoleón R. Estévez Lavandier e integrado por los magistrados Eunisis Vásquez Acosta, José Alejandro Ayuso, Fidias Federico Aristy Payano, Alba Luisa Beard Marcos, Manuel Ulises Bonnelly Vega, Sonia Díaz Inoa, Army Ferreira, Domingo Gil, Amaury A. Reyes Torres, y la secretaria Grace A. Ventura Rondón.
Impacto político y jurídico
La anulación de la Ley 1-24 representa una victoria para los partidos que impugnaron su constitucionalidad, al tiempo que subraya la importancia de respetar los procedimientos legislativos establecidos en la Carta Magna.
El texto cuestionado incluía el polémico artículo 11, que obligaba a las instituciones estatales, privadas y a personas físicas a entregar información a la DNI, lo que generó críticas por su potencial impacto en derechos fundamentales como la libertad de expresión y la privacidad.
Críticas y modificaciones propuestas
Antes de la sentencia, el Poder Ejecutivo había sometido un proyecto para modificar la ley, ajustándola a las demandas de diversos sectores.
Este proyecto, consensuado con organizaciones como la Sociedad Dominicana de Diarios, buscaba clarificar y limitar las facultades de la DNI, estableciendo requisitos legales previos para solicitar información.
