Santo Domingo. – A dos años de la promulgación de la Ley 34-23 sobre Atención, Inclusión y Protección para las Personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), organizaciones y activistas denuncian que el Estado dominicano ha incumplido su compromiso legal y moral con esta población vulnerable. El periodista y defensor de derechos Fernando Quiroz calificó como “alarmante” la falta de acciones concretas para implementar la normativa.
Quiroz, coordinador de la Mesa de Diálogo por el Autismo, advirtió que la ley continúa sin aplicarse en aspectos fundamentales como salud, educación, inclusión laboral y protección institucional. “Seguimos esperando planes, recursos, voluntad. Esta es una ley que existe solo en papel”, expresó en rueda de prensa.
El activista denunció que el reglamento de aplicación —que debió estar listo en octubre de 2023, dentro de los 120 días posteriores a la promulgación— fue aprobado con casi un año de retraso, mediante el decreto 403-24 del 24 de julio de 2024.
“Ese incumplimiento retrasa aún más la atención integral que el Estado debe garantizar a miles de dominicanos con TEA”, indicó.
Entre las fallas más graves mencionadas están la ausencia de programas especializados de detección temprana, la falta de estadísticas nacionales sobre autismo, el incumplimiento del Ministerio de Educación en adaptar entornos escolares inclusivos, y la inexistencia de iniciativas de formación técnica o inserción laboral para jóvenes y adultos con la condición.
La Ley 34-23 establece responsabilidades claras: el Ministerio de Salud Pública y el CONADIS deben ofrecer diagnóstico y tratamiento; el MINERD debe garantizar entornos educativos accesibles; y el INFOTEP, junto al Ministerio de Trabajo, tiene el mandato de fomentar el empleo inclusivo. Hasta la fecha, no se conocen planes oficiales ni presupuestos asignados a estas tareas.
“Estamos ante un vacío de voluntad política. El autismo no puede seguir siendo invisibilizado. Esta lucha no es por caridad, es por derechos”, insistió Quiroz.
Denunció también que muchas instituciones públicas desconocen el alcance de la ley o no la reconocen como una prioridad en sus agendas.
La falta de ejecución de esta legislación impacta directamente en la vida diaria de miles de familias que continúan sin acceso a servicios básicos de salud mental, diagnóstico oportuno, educación adaptada o apoyo social. “El Gobierno debe pasar de los discursos a los hechos”, dijo Quiroz.
Finalmente, hizo un llamado directo al presidente Luis Abinader para que actúe con urgencia: “La dignidad y el desarrollo de las personas con autismo no pueden seguir postergándose. El tiempo ha pasado, y la deuda del Estado sigue creciendo”.
