El abogado Luis Aybar, defensor del exempleado del Jet Set, Gregory Adames, afirmó este miércoles que su cliente está “listo para ir a juicio”, tras ser interrogado por segunda vez por la Procuraduría General de la República en relación con el desplome del techo del centro nocturno, tragedia que dejó 236 muertos y 180 heridos.
La comparecencia de Adames se produjo pocas horas después del arresto de los propietarios del establecimiento, Antonio Espaillat y su hermana Maribel Espaillat, quienes fueron detenidos por orden judicial y aguardan una audiencia de medida de coerción por cargos de homicidio involuntario.
Aunque el Ministerio Público no ha precisado la calidad jurídica en que fue interrogado Adames, su abogado aseguró que su cliente advirtió previamente a los dueños del Jet Set sobre fallas en la infraestructura, lo que podría tener un peso importante durante el juicio.
Al salir del interrogatorio, Aybar fue tajante: “No hay nada más que discutir; nos veremos en los tribunales. Estamos listos para el juicio”, lo que indica una estrategia de defensa orientada a colaborar con la justicia pero también a demostrar responsabilidad previa en las advertencias realizadas.
El exempleado no ofreció declaraciones a la prensa, pero fuentes del proceso confirmaron que entregó un celular con supuestas evidencias sobre el deterioro estructural del local a la Dirección de Persecución del Ministerio Público, liderada por el procurador adjunto Wilson Camacho.
El caso ha tomado un giro judicial importante tras el arresto de los Espaillat, solicitada por el Ministerio Público y autorizada por la jueza Fátima Veloz del Décimo Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional. Ambos se encuentran detenidos en el Palacio de Justicia.
La Procuraduría los acusa de inegligencia grave e irresponsabilidad, atribuyéndoles una supuesta omisión de medidas preventivas que pudo haber evitado el colapso fatal. La solicitud de medida de coerción marca el inicio de un proceso judicial que podría derivar en un juicio penal de alto perfil.
Finalmente, las autoridades ordenaron las detenciones tras recibir un informe forense elaborado por una comisión técnica de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura, cuyo contenido aún no ha sido divulgado pero será clave en las próximas etapas del caso.
