La corrupción no es un fenómeno aislado ni un accidente administrativo: constituye una estructura de poder paralela que esquilma al Estado dominicano y descompone progresivamente el tejido social.
Su impacto económico, estimado en cerca del 2% del Producto Interno Bruto , supera con creces presupuestos sensibles como el de Salud, pero su daño más profundo es moral e institucional .
Durante décadas, el enriquecimiento ilícito dejó de provocar el escarnio social para convertirse en pasaporte a la aceptación, el privilegio y la influencia , distorsionando los valores fundamentales de la convivencia democrática. La prevaricación se aloja hoy en múltiples estamentos: administración pública, sistema judicial, sectores empresariales, estructuras deportivas y hasta servicios esenciales como la salud.
El avance del narcotráfico ha agravado el problema, infiltrando instituciones estratégicas y elevando la corrupción a un nivel sistémico , donde convergen el delito organizado y el poder económico. Aunque se reconocen esfuerzos oficiales para sanear el aparato estatal, estos resultan insuficientes frente a una red que opera con protección política, lentitud judicial y debilidad sancionadora .
La justicia y el Ministerio Público enfrentan un desafío histórico: pasar del discurso a la acción sostenida , sin selectividad ni cálculos coyunturales. No basta con procesos emblemáticos si la impunidad sigue siendo la norma y no la excepción.
Combatir la corrupción exige una voluntad política inquebrantable , acompañada de educación cívica, prevención efectiva y un sistema judicial verdaderamente independiente. Sin ese compromiso integral, el país seguirá pagando un precio económico alto y un costo ético aún mayor.
La corrupción no solo roba recursos: secuestra el futuro .
