La destitución del rector del Instituto Tecnológico de las Américas (Itla), Rafael Féliz García, por parte del presidente Luis Abinader a través del decreto 39-26 se inscribe en un nuevo momento de escrutinio de la gestión pública dominicana.
Féliz fue removido luego de que se conocieran denuncias de que los empleados de la institución estaban obligados a aportar alrededor de un 5% de su salario para financiar un movimiento político que él mismo coordinaba, presuntamente al margen de la Ley 20-23 sobre financiamiento y conducta política.
Más allá del caso particular, la medida del Ejecutivo refleja un principio que no puede seguir siendo retórico: la administración pública no puede confundirse con la caja chica de intereses partidarios o personales . Cuando la confianza de la ciudadanía en las instituciones se erosiona, medidas claras y oportunas, como separar a quienes se colocan por encima de la ley, son indispensables para preservar la legitimidad del Estado.
Este no es un hecho aislado en la gestión de Abinader. A lo largo de su mandato han sido cancelados o removidos diversos funcionarios por denuncias, irregularidades administrativas o cuestionamientos públicos: desde directores de institutos como Santiago Hazim en Senasa , acusación sobre adjudicaciones en entidades como Intrant , hasta destituciones por anomalías en contratos en el Instituto Postal Dominicano (Inposdom) y renuncias en organismos como Propeep tras señalamientos sobre irregularidades en programas públicos.
Estos ejemplos evidencian que no basta con que las normas existan; Deben cumplirse con rigor. La ciudadanía ya no tolera ambigüedades: exige responsabilidad, transparencia y consecuencias para quienes infringen el marco legal.
En ese contexto, decisiones como la separación de Féliz, si bien tardías para muchos, envían una señal necesaria: ningún funcionario debe sentirse intocable porque ocupa un cargo público.
El desafío ahora es sostener ese criterio de manera consistente, sin selectividad ni parcialidad, y fortalecer —no solo retóricamente— los mecanismos de transparencia y control.
La buena gobernanza no se mide solo por las sanciones aisladas, sino por la creación de una cultura institucional que prevenga, más que solo castigar.
