En los comederos políticos de muchos pueblos —no necesariamente dominicanos— suele comentarse que la opulencia y prepotencia de ciertos “onorables” no proviene precisamente de los generosos salarios que devengan, sino de los sobornos y favores gestionados por cabilderos que representan intereses privados deseosos de ver aprobadas leyes y resoluciones a su medida.
No afirmo ni niego la veracidad absoluta de tales comentarios. Sin embargo, la sospecha no surge en el vacío. Existe, sobre todo en amplios sectores de la clase media, una percepción arraigada de que donde hay un interés económico relevante, suele aparecer la mano invisible de algún legislador, síndico o dirigente sindical dispuesto a armar cualquier embrollo con tal de obtener ventajas personales.
El problema no radica solo en la corrupción directa, sino en la cultura política que la tolera. Cuando quienes deben legislar se convierten en beneficiarios de lo que legislan, el conflicto de interés deja de ser una excepción para convertirse en norma. Y si sobra algo del pastel, se reparten las migajas entre estructuras paralelas, ONG supuestamente benéficas y programas asistenciales financiados con recursos públicos.
Las prácticas clientelares se reciclan con creatividad: las habichuelas con dulce en Semana Santa, los obsequios del Día de las Madres, los “cariñitos” de diciembre, las recetas médicas oportunas, los operativos relámpago. El erario, que no protesta, sostiene el espectáculo. Y mientras tanto, el discurso oficial insiste en que “vamos a mil”.
Estos personajes suelen mostrarse convencidos de su superioridad intelectual. Desestiman toda idea que no coincida con la suya, dominan el arte de la retórica y seducen con palabras que encandilan, pero rara vez transforman la realidad.
Las propuestas para dignificar el ejercicio de la política se diluyen, una y otra vez, en promesas que terminan en agua de borrajas.
El resultado es una sociedad fatigada. No vivimos plenamente; sobrevivimos. Nos refugiamos en la nostalgia de tiempos supuestamente mejores, como si el recuerdo sustituyera la acción. Se instala la resignación, y con ella, el deterioro moral y económico.
Mientras tanto, fenómenos como el desorden del motoconcho, la expansión de la ludopatía en los barrios o la normalización del clientelismo avanzan sin respuestas estructurales. Se privilegia el cálculo electoral sobre la solución de fondo.
Decir que no estamos bien no es un arrebato emocional ni un juicio precipitado. Es el síntoma de un cansancio colectivo que se manifiesta en frustración, desesperanza y, en casos extremos, en tragedias personales.
La pregunta no es si el sistema tiene fallas. La pregunta es cuánto tiempo más estamos dispuestos a tolerarlas.
