Escándalo: destapan entramado de corrupción que desvió millones afectando a pacientes con cáncer en el Cibao
Santiago.– Un presunto entramado de corrupción que, según el Ministerio Público, operó durante años en el Instituto Oncológico Regional del Cibao habría desviado recursos destinados a la atención de pacientes con cáncer, afectando directamente a personas de escasos recursos que dependían de los servicios financiados con fondos públicos.
La investigación, coordinada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Fiscalía de Santiago, sostiene que entre octubre de 2018 y octubre de 2025 se ejecutó un esquema sistemático de irregularidades que habría generado beneficios económicos ilícitos por más de RD$148 millones para miembros de la pasada directiva del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y empresas vinculadas.
De acuerdo con el expediente, mientras el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) transfería más de RD$3,754 millones para cubrir tratamientos oncológicos de pacientes del régimen subsidiado en las 14 provincias del Cibao, el centro presentaba desabastecimiento de medicamentos, deudas millonarias con suplidores y una situación financiera crítica.
Las autoridades describen una estructura que presuntamente manipuló procesos clínicos y administrativos para incrementar facturaciones y obtener ganancias indebidas.
Entre las prácticas investigadas figuran la facturación de quimioterapias con dosis incompletas, la sustitución de medicamentos patentados por versiones de menor costo, la comercialización de muestras médicas gratuitas y la emisión de indicaciones y estudios que alegadamente no respondían a necesidades reales de los pacientes.
El expediente también señala que habitaciones cubiertas por seguros médicos fueron transformadas en espacios de cobro privado, limitando el acceso de pacientes de escasos recursos, mientras que algunos enfermos recibían tratamientos en áreas improvisadas debido a la falta de disponibilidad de camas.
Asimismo, el Ministerio Público sostiene que la presunta red utilizó mecanismos de autocontratación, triangulación de fondos, pagos de gastos personales con recursos institucionales, transferencias sin controles adecuados y operaciones financieras destinadas a extraer dinero de la entidad.
Las investigaciones apuntan como principales imputados a Héctor Antonio Lora Cruceta, Dilcia Isabel Vargas Sánchez y Luisa Yasiris Guzmán de Lora, contra quienes el órgano acusador solicita prisión preventiva y la declaratoria de complejidad del caso.
Según la acusación, además del perjuicio económico al Estado, las acciones atribuidas a los imputados habrían impactado directamente la calidad de la atención ofrecida a pacientes oncológicos, muchos de ellos pertenecientes a sectores vulnerables que dependían exclusivamente de los servicios del centro especializado.
El Ministerio Público sostiene que, tras la designación de una nueva junta directiva en octubre de 2025, se produjeron acciones de resistencia, destrucción de evidencias digitales, obstrucción de auditorías y presuntas intimidaciones contra testigos vinculados al proceso.
La solicitud judicial incluye cargos provisionales por asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, abuso de confianza, chantaje, delitos tecnológicos, comercialización irregular de sustancias controladas, violaciones a la Ley General de Salud y lavado de activos.
Las autoridades afirman que continuarán profundizando las investigaciones para determinar el alcance total de las operaciones atribuidas a la estructura y establecer las responsabilidades correspondientes.
