Santo Domingo. – La Junta Central Electoral (JCE) anunció este domingo que apelará, tanto en la República Dominicana como en Estados Unidos, la sentencia emitida por un tribunal del Distrito Sur de Nueva York que favorece a la empresa Latin Events LLC , al asegurar que la institución nunca autorizó los servicios por los que ahora se le reclama el pago.
El Pleno del órgano electoral informó que instruyó a su equipo legal a utilizar todas las vías judiciales disponibles para proteger los intereses del Estado dominicano, así como la imagen y el buen nombre de la institución.
La JCE explicó que sí contrató con Latin Events algunos servicios de publicidad y logística relacionados con actividades realizadas en Estados Unidos y que esos compromisos fueron pagados en su totalidad mediante una transferencia bancaria internacional por US$230,000 , realizada el 21 de mayo de 2024.
Sin embargo, indicó que posteriormente la empresa presentó nuevas facturas por servicios que, según afirma, nunca fueron contratados ni autorizados por el Pleno de la institución.
Entre esos reclamos figura el cobro de US$600,000 , además de US$53,250 por concepto de impuestos, por la impresión de 15,000 boletos para la serie de béisbol Titanes del Caribe , celebrada en noviembre de 2023 en el Citi Field de Nueva York.
El organismo electoral sostuvo que no existe ningún documento que demuestre que esos servicios fueron aprobados por el Pleno o por el presidente de la JCE, por lo que rechaza cualquier obligación de pago relacionada con esa reclamación.
Asimismo, la institución alegó que tampoco fue debidamente notificada del proceso judicial en su sede de la República Dominicana, por lo que entiende que se vulneró su derecho a la defensa.
Explicó que, conforme al Tratado de Viena, las notificaciones realizadas a consulados dominicanos en el exterior no sustituyen la notificación oficial a la entidad en territorio nacional.
La JCE reiteró que defenderá su posición ante todas las instancias judiciales que sean necesarias y aseguró que actuará para proteger el uso correcto de los recursos públicos y demostrar que los montos reclamados por la empresa no corresponden a servicios contratados por la institución.
