Santo Domingo. – Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) advirtió que el proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado para 2026 disminuye en RD$2,000 millones los recursos que estarán realmente disponibles para el sistema educativo, debido a una reclasificación de partidas que, según la entidad, limita el gasto destinado a la prestación de servicios educativos.
La observación fue realizada por la directora ejecutiva de EDUCA, Yahaira Sosa Machado, quien explicó que, aunque el monto global asignado al Ministerio de Educación no refleja una reducción aparente, el análisis de la estructura presupuestaria evidencia que parte de esos recursos fue trasladada a la categoría de aplicaciones financieras.
Según indicó, esas partidas corresponden al pago de pasivos, redención de títulos y otras operaciones financieras, por lo que no pueden considerarse inversión directa en educación.
«Quien observe únicamente el monto global podría concluir que no existe reducción. Sin embargo, al examinar su clasificación económica, RD$2,000 millones dejan de estar disponibles como gasto educativo efectivo», sostuvo.
Reclasificación afecta el gasto educativo
Sosa Machado recordó que la Ley General de Educación 66-97 establece que el gasto anual en educación debe representar, como mínimo, el 16 % del gasto público total o el equivalente al 4 % del Producto Interno Bruto (PIB), tomando el valor que resulte mayor.
A su juicio, la reclasificación incluida en el proyecto presupuestario no ayuda a cerrar esa brecha de financiamiento y, por el contrario, reduce los recursos que pueden destinarse directamente a mejorar la calidad educativa.
«La propuesta de reclasificación no contribuye a cerrar la brecha respecto al financiamiento legal, sino que todavía disminuye más el gasto efectivo disponible», afirmó.
Pide proteger la inversión en las aulas
La directora ejecutiva de EDUCA consideró que el país debe concentrar sus esfuerzos en mejorar la eficiencia del gasto educativo sin afectar los recursos destinados a la enseñanza.
Señaló que, después de más de diez años de aplicación del 4% para educación, el debate debe orientarse a garantizar mejores resultados de aprendizaje, mayor equidad y movilidad social.
En ese sentido, propuso que las futuras asignaciones presupuestarias estén acompañadas de un plan de reforma con metas medibles, indicadores de desempeño y mecanismos permanentes de rendición de cuentas.
Asimismo, planteó proteger las partidas destinadas a materiales educativos, capacitación y acompañamiento docente, evaluación, innovación, mantenimiento de los centros escolares y programas de apoyo al aprendizaje.
«El dilema no debe plantearse entre asignar recursos o exigir resultados. El país necesita ambas cosas: preservar la inversión educativa y garantizar que cada peso se traduzca en mejores aprendizajes», concluyó Sosa Machado.
