Santo Domingo. – El Poder Ejecutivo presentó al Congreso Nacional un proyecto de presupuesto complementario para 2026 que reorganiza las partidas del Presupuesto General del Estado con el objetivo de reforzar áreas prioritarias, atender nuevos compromisos financieros y ajustar la ejecución del gasto público durante el resto del año.
La iniciativa contempla modificaciones en la distribución de recursos entre distintas instituciones del Estado, incrementa partidas para el servicio de la deuda y readecua fondos destinados a programas gubernamentales, sin variar el monto global aprobado para el ejercicio fiscal.
Uno de los cambios que ha generado mayor debate corresponde al Ministerio de Educación (Minerd), donde parte de los recursos fueron reclasificados como aplicaciones financieras.
Esta modificación motivó cuestionamientos de Acción Empresarial por la Educación (EDUCA), que advirtió que unos RD$2,000 millones dejarían de estar disponibles para el gasto educativo efectivo.
Según la organización, esos recursos pasarían a cubrir operaciones financieras, como amortización de pasivos y redención de títulos, en lugar de financiar directamente programas, materiales, mantenimiento de escuelas y otras acciones vinculadas al proceso de enseñanza.
Además de los ajustes en educación, el presupuesto complementario redistribuye recursos hacia otras instituciones para atender compromisos de inversión pública, fortalecer programas sociales y garantizar la continuidad de proyectos considerados prioritarios por el Gobierno.
El proyecto también incorpora modificaciones para cubrir obligaciones relacionadas con el servicio de la deuda pública y otros compromisos financieros surgidos durante la ejecución presupuestaria.
La propuesta será conocida por la Cámara de Diputados y posteriormente por el Senado, donde los legisladores evaluarán los cambios planteados antes de su eventual aprobación.
El presupuesto complementario constituye un mecanismo previsto en la legislación dominicana que permite al Poder Ejecutivo modificar la distribución de los recursos públicos durante el año fiscal cuando surgen nuevas necesidades o se requiere reorientar partidas ya aprobadas.
