¿Por qué Luis Abinader defiende cúmulo de condena de hasta 60 años en el nuevo Código Penal?
El presidente Luis Abinader defendió la aplicación del cúmulo de penas contemplado en la Ley 74-25, que instituye el nuevo Código Penal de la República Dominicana, al sostener que una persona con múltiples antecedentes o «fichas» delictivas tiene escasas posibilidades de reinsertarse eficazmente en la sociedad.
Las declaraciones del mandatario se produjeron en el marco de las evaluaciones públicas que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en un momento en que la Policía Nacional reporta más de 53,000 órdenes de arresto pendientes a nivel nacional.
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Al responder a la exposición de la aspirante Miguelina Beard Gómez, quien favoreció la aplicación de condenas acumuladas de hasta 60 años de prisión, el jefe de Estado argumentó que la legislación penal debe adaptarse a las modalidades delictivas actuales para afrontar los retos de seguridad ciudadana.
Abinader enfatizó además el rol disuasivo de las sanciones severas, señalando que establecer condenas más rigurosas contribuye a desalentar la reincidencia y la comisión de delitos graves en el territorio nacional.
El debate doctrinal con el magistrado Báez García
La postura del mandatario generó un intercambio de criterios criminológicos con el magistrado Rafael Armstrong Báez García, juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.
El candidato planteó que el endurecimiento punitivo no resuelve de forma automática las causas estructurales del crimen y recordó el principio constitucional de la reinserción social.
Báez García advirtió sobre la tensión entre la llamada «teoría de la incapacitación» —que busca aislar al procesado— y la rehabilitación del individuo, sugiriendo priorizar las políticas públicas preventivas.
Pese a las diferencias conceptuales, Abinader coincidió en la urgencia de fortalecer la prevención, aunque insistió en que el castigo severo permanece como una herramienta disuasiva indispensable para el Estado.
