Antonio Espaillat, propietario de la reconocida discoteca Jet Set, acudió este miércoles a la sede de la Procuraduría General de la República acompañado de su abogado, Miguel Valerio, su madre y su principal agente de seguridad personal.
La visita se enmarca en el proceso de investigación que siguen las autoridades tras un accidente ocurrido el pasado 8 de abril.
La comparecencia fue solicitada formalmente por el Ministerio Público, aunque los detalles específicos de la investigación y el rol de Espaillat en los hechos aún no han sido revelados públicamente. La falta de información oficial ha generado expectativas en torno al caso, que continúa bajo estricta supervisión de la Procuraduría.
El abogado Valerio explicó a los medios que su cliente está dispuesto a colaborar en todo lo que sea requerido. “La familia Espaillat está abierta a cooperar con la investigación. Hemos venido a la Procuraduría por disposición de la Procuraduría, y eso es suficiente”, expresó al salir del encuentro, sin ofrecer mayores precisiones.
Este caso ha cobrado relevancia luego de que el gobierno recibiera un informe preliminar elaborado por la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (Onesvie), encabezada por su director, Leonardo Reyes Madera. Dicho informe ha sido clave para guiar las actuaciones del Ministerio Público.
La comisión investigadora que analiza las causas del accidente cuenta con expertos nacionales e internacionales de alto nivel. Entre ellos figuran el ingeniero forense Fierro, de la Universidad de California; el ingeniero patólogo Máximo Corominas, del Instituto Eduardo Torroja de España; el ingeniero Marcos Paniagua, con formación en Chile; y el especialista en ingeniería sismo resistente Remi Luciano.
El presidente Luis Abinader ha indicado que los trabajos técnicos se han desarrollado sin interrupciones desde el día del siniestro. Esta rigurosidad en el proceso técnico refuerza la seriedad con la que se está manejando el caso, en el cual todavía no se han establecido imputaciones formales.
Aunque no se han emitido cargos, la presencia de Espaillat ante el órgano persecutor del Estado refuerza el carácter judicial de la investigación y sugiere que se está avanzando hacia nuevas fases procesales. La Procuraduría no ha emitido declaraciones oficiales al respecto.
Se espera que en los próximos días se ofrezcan mayores detalles sobre los hallazgos del equipo técnico y su impacto en las decisiones legales que podrían derivarse. Mientras tanto, el Ministerio Público continúa recabando información clave para esclarecer las responsabilidades.
