Santo Domingo.- La jueza Fátima Veloz impuso una garantía económica de RD$50 millones a Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, como medida de coerción por su presunta responsabilidad en el colapso del establecimiento, que causó 235 muertes. También se les prohibió salir del país y deberán presentarse periódicamente ante las autoridades. El caso fue declarado complejo.
La audiencia, que duró más de 12 horas y concluyó pasada la 1:00 de la madrugada del jueves, fue celebrada en medio de una fuerte vigilancia en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, dada la expectativa pública por la magnitud del caso.
El abogado Ángel Lockward, representante de más de 20 víctimas, anunció que las demandas civiles podrían superar los RD$10,000 millones, resaltando la situación de más de 130 niños huérfanos por la tragedia.
El Ministerio Público había solicitado prisión preventiva para Antonio y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, acusándolos de homicidio involuntario por negligencia, basándose en los artículos 319 y 320 del Código Penal. La acusación incluye también lesiones graves por imprudencia.
La fiscalía asegura que el Jet Set operaba con deficiencias estructurales graves, tras haber sido adaptado de un cine sin cumplir los requisitos técnicos exigidos por el MOPC ni contar con permisos municipales.
Señalan además que los imputados eliminaron una columna esencial y sobrecargaron el techo con equipos pesados sin estudios de soporte.
Los fiscales presentaron pruebas de que los hermanos Espaillat fueron advertidos del deterioro del techo, e incluso ignoraron alertas de sus empleados horas antes del colapso. Una caída de escombros ocurrió la misma noche, pero la fiesta no fue suspendida por decisión de Maribel Espaillat.
Los informes periciales de expertos nacionales e internacionales revelan múltiples fallas estructurales, como anclajes defectuosos, falta de muros de soporte y modificaciones inadecuadas. Además, la fiscalía denunció intentos de los imputados de intimidar a testigos clave.
Según la Procuraduría, el colapso era completamente evitable si los propietarios hubieran priorizado la seguridad sobre los beneficios económicos. La investigación continuará bajo las condiciones de un proceso complejo, dada la magnitud de las víctimas y la cantidad de pruebas por analizar.
