Eco Finanzas

Alertan sobre riesgos de nueva regulación a juegos de azar

Santo Domingo.– La Asociación Dominicana de Bancas Deportivas (ADOBAD) advirtió que el proyecto de ley para regular los juegos de azar, tal como fue enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, pone en riesgo cerca de 20 mil empleos y amenaza con desestabilizar el sector. Francisco Pérez, miembro de ADOBAD, señaló que más de 3,500 bancas deportivas que aportan a la economía nacional se verían gravemente afectadas.

ADOBAD denuncia que la propuesta legislativa permitiría la expansión indiscriminada de los juegos electrónicos en establecimientos no regulados, sin condiciones mínimas de seguridad, lo cual facilitaría el acceso de menores de edad a estas plataformas. Pérez calificó el proyecto como una “catástrofe potencial” para la sociedad dominicana, que podría generar caos y descontrol.

La asociación también sostiene que la pieza legal contiene errores estructurales que, lejos de ordenar el sector, profundizarían el desorden y pondrían en peligro la seguridad jurídica de las inversiones ya realizadas. Además, consideran que esta normativa contradice el plan de regularización iniciado por el propio Gobierno mediante el decreto 63-22.

Nicolás Bahamón, consultor de ADOBAD, denunció que el proyecto fue elaborado sin consultar a los principales actores del sector de apuestas deportivas, dándole prioridad a otros intereses como los de agencias hípicas y concesionarios de loterías. “Este proyecto apareció de forma sorpresiva, sin participación del empresariado afectado”, afirmó.

Bahamón agregó que la nueva ley permitiría la venta de juegos de azar en cualquier punto de venta, perjudicando a quienes sí han invertido en adecuar sus negocios conforme a la Ley 29-06. Además, alertó que el esquema tributario propuesto resulta tan perjudicial que muchas bancas podrían convertirse en agencias hípicas, que estarían exentas de impuestos.

Finalmente, ADOBAD advirtió que, de aprobarse este proyecto en su forma actual, aumentaría el juego clandestino y se reducirían significativamente los ingresos fiscales del Estado, generando un efecto contrario al que se busca con la reforma.

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