Santo Domingo.-Este martes, el Gobierno dominicano, presentó al Congreso Nacional, a través del Senado, dos iniciativas de leyes destinadas a fortalecer el marco jurídico penal de la República Dominicana.
De acuerdo a lo explica en un comunicado por Palacio, las propuestas de leyes incluyen el proyecto sobre persecución y judicialización de organizaciones criminales, y el proyecto de ley de atención, representación legal y protección a víctimas, testigos y sujetos en riesgo.
En su mensaje, el presidente Luis Abinader destacó que la primera iniciativa responde a uno de los principales desafíos de la región y el país: la lucha contra el crimen organizado en todas sus formas.
Precisó que el objetivo de esta ley es garantizar la integridad del Estado Social y Democrático de Derecho mediante reglas efectivas para la detección, persecución, judicialización y sanción de los delitos relacionados con la criminalidad organizada, conforme a estándares internacionales.
La propuesta tipifica como organización criminal a dos o más personas que formen, constituyan o promuevan una estructura con reparto de funciones para obtener beneficios económicos o de cualquier índole a través de delitos como el lavado de activos, financiamiento al terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas, tráfico ilícito de armas, sicariato, delitos financieros y medioambientales, entre otros.
Por su parte, la segunda iniciativa responde a la necesidad de proteger a las víctimas, testigos y sujetos en riesgo debido a la exclusión social y la falta de acceso a la justicia.
De acuerdo a lo explica en un comunicado por Palacio, las propuestas de leyes incluyen el proyecto de ley sobre persecución y judicialización de organizaciones criminales, y el proyecto de ley de atención, representación legal y protección a víctimas, testigos y sujetos en riesgo.
Según explicó el Ejecutivo, esta propuesta busca garantizar los derechos de estas personas, y regular las medidas de protección y atención necesarias para su seguridad y bienestar.
De aprobarse, la ley representaría un avance significativo en la legislación del país, cumpliendo con una deuda histórica en términos de equidad y garantizando asistencia legal gratuita a quienes no cuenten con recursos económicos. Esto contribuiría a equilibrar los derechos entre imputados y víctimas en los procesos judiciales.
La Presidencia reafirmó, a través del comunicado, el compromiso del Gobierno y la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en continuar con las reformas legales pendientes desde la reforma constitucional de 2010, así como con las que surjan de la Constitución de 2024.
