Santo Domingo.- Una orden de captura emitida por la Corte del Distrito Sur de Florida podría provocar en los próximos días solicitudes de extradición contra varios dominicanos, entre ellos figuras políticas y exmilitares, por cargos relacionados al narcotráfico.
El caso más sonado es el del actual regidor del Distrito Nacional por el PRM, Edickson Herrera Silvestre, acusado por las autoridades estadounidenses de conspirar para enviar y distribuir cocaína en Estados Unidos. La acusación representa un nuevo escándalo para el partido oficialista, tras el arresto y condena del exdiputado Miguel Gutiérrez en 2023.
Junto a Herrera Silvestre también figura José Eduviges Aponte Torres, alias “Buby” o “Meano”, señalado como parte de la misma conspiración criminal. Sin embargo, un tercer implicado, el general retirado William Durán Jerez, ha llamado la atención por su pasado como alto oficial de la Policía Nacional.
Durán Jerez fue retirado en 2009 por el expresidente Leonel Fernández. En su carrera ocupó cargos clave como la supervisión general de la Junta Central Electoral y la Dirección de Seguridad Preventiva. Su inclusión en la acusación ha sorprendido por su perfil institucional.
Según el documento judicial, los tres implicados conspiraron para traficar cinco kilogramos o más de una mezcla que contenía una cantidad detectable de cocaína. De ser hallados culpables, podrían enfrentar penas de hasta cadena perpetua y multas millonarias.
Por el momento, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha recibido una solicitud formal de extradición.
Este tipo de pedido debe ser canalizado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y luego pasar por la Procuraduría para iniciar el proceso judicial.
Una vez recibida la solicitud, la PGR presenta el caso ante la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, que emite una orden de arresto y convoca audiencia para determinar las medidas de coerción aplicables al acusado.
La audiencia de extradición incluye la participación de un representante legal del gobierno de EE. UU., el procurador de extradición y el abogado defensor del acusado. Si el proceso avanza, el imputado puede ser entregado a las autoridades estadounidenses para enfrentar juicio en ese país.
