Heridas abiertas en el caso David de los Santos: condenas sin responsables clave
Abuso policial y fallas estructurales dejan justicia incompleta
Santo Domingo.– La condena a cinco de los implicados en la brutal golpiza que provocó la muerte de David de los Santos en abril de 2022 representa un paso parcial en la búsqueda de justicia para una familia y una sociedad que aún exige respuestas más amplias.
Mientras tres civiles fueron sentenciados a 30 años por tortura y barbarie, y dos policías recibieron 10 años —una reducción de la pena original de 15 años—, el tribunal dejó fuera del marco de responsabilidad a los directivos de seguridad del centro comercial donde todo comenzó: Ágora Mall.
El joven David de los Santos fue detenido tras un episodio de confusión mental en una tienda del centro comercial, donde los agentes de seguridad privada optaron por entregarlo a la Policía Nacional en vez de gestionar un protocolo de atención médica y protección de derechos, como establecen los principios de manejo de personas con crisis psíquicas.
Poco después, fue brutalmente golpeado en la celda del destacamento de Naco y murió a causa de esas heridas.
La condena a los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michael Pérez Ramos y Jean Carlos Martínez Peña por tortura y barbarie refleja la gravedad de los hechos ocurridos bajo custodia estatal.
También fueron hallados culpables el segundo teniente Germán García de la Cruz y el cabo Alfonso Decena Hernández, responsables de no garantizar la integridad del joven y permitir —o participar en— su agresión dentro del recinto policial.
Sin embargo, el tribunal descargó a los miembros de seguridad de Ágora Mall y a otros dos policías por «insuficiencia de pruebas», omitiendo una mirada más estructural sobre cómo el joven, en estado vulnerable, fue criminalizado y entregado a un entorno donde la negligencia derivó en tortura y muerte.
Para muchos sectores, esta decisión representa una falta de justicia integral, al no establecer responsabilidad por parte del establecimiento que gestionó de forma deficiente la detención del joven.
Organizaciones de derechos humanos consideran que Ágora Mall debió responder en lo civil por no garantizar protocolos humanitarios ni evaluar adecuadamente la condición de David.
La justicia también rechazó la demanda civil interpuesta por la familia de la víctima contra el centro comercial, a pesar de que el incidente se originó allí.
Esto ha generado preocupación en la opinión pública, pues podría sentar un precedente que exonere a empresas de responsabilidad cuando sus empleados actúan negligentemente ante personas en crisis.
A los cinco condenados se les impuso, además, el pago de indemnizaciones: 5 millones de pesos de forma solidaria por parte de los dos policías, y 10 millones de pesos de los tres civiles sentenciados.
El caso David de los Santos sigue siendo símbolo del abuso institucional, la falta de preparación en salud mental y las grietas de un sistema que aún no responde de forma completa a las demandas de justicia estructural.
