Santo Domingo.- El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, reafirmó el compromiso de la institución con la transparencia, la rendición de cuentas y el uso correcto de los recursos públicos, durante una jornada en la que participaron las principales autoridades responsables de la persecución, control y fiscalización del Estado.
Al encabezar la conferencia «Cumplimiento, control, transparencia y régimen de consecuencias en los Servicios de Salud», Landrón sostuvo que una gestión transparente no solo constituye una obligación legal, sino también un compromiso ético con la población que confía en los servicios públicos de salud.
“Trabajamos para garantizar procesos cada vez más eficientes, abiertos y orientados a la rendición de cuentas”, expresó el funcionario ante directores regionales de salud, directores de hospitales, administradores y encargados de compras del sistema sanitario.
Durante la actividad, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, advirtió que el nuevo Código Procesal Penal fortalece significativamente el régimen de responsabilidad de los servidores públicos y endurece las sanciones contra los actos de corrupción.
- La magistrada explicó que una de las principales innovaciones de la nueva legislación es que la corrupción pasa a ser considerada un delito autónomo, lo que permitirá perseguir penalmente cualquier acción u omisión dolosa que afecte el patrimonio público.
Entre las conductas sancionables citó el pago por bienes o servicios no recibidos, la alteración de contratos, la recepción de equipos defectuosos o incompletos, la manipulación de precios en perjuicio del Estado y el uso indebido de fondos públicos.
En la jornada también participó el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, quien destacó que la Ley 47-25 impulsa una nueva cultura de integridad en las compras y contrataciones estatales, basada en la planificación, la eficiencia y la transparencia.
Pimentel alertó sobre las consecuencias legales de manejar fondos públicos en cuentas personales, modificar partidas presupuestarias sin autorización, cobrar por servicios que la ley establece como gratuitos o intervenir en procesos donde existan conflictos de interés.
De su lado, el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, exhortó a los hospitales a respetar los procedimientos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas y evitar adquisiciones fuera del marco legal, al considerar que esas prácticas pueden generar conflictos jurídicos y retrasos en la ejecución de pagos.
Asimismo, recordó que los contratos derivados de licitaciones, comparaciones de precios y compras menores deben ser registrados en la Contraloría General de la República para autorizar los desembolsos correspondientes.
La actividad concluyó con un espacio de preguntas e intercambio entre los expositores y los participantes, orientado a fortalecer los mecanismos de control, cumplimiento normativo y transparencia en los servicios de salud públicos.
