Informe revela desplome techo Jet Set fue por sobre carga; dueños serán acusados por homicidio involuntario
Santo Domingo. – El Ministerio Público avanza en el proceso judicial contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, imputados por homicidio involuntario y causar golpes y heridas involuntarias, tras el colapso del techo del establecimiento que dejó 236 muertos y 189 heridos.
La audiencia para conocer las medidas de coerción fue pospuesta para este miércoles.
La solicitud de prisión preventiva y arresto domiciliario se fundamenta en el informe técnico preliminar entregado al Ministerio Público, que documenta serias irregularidades estructurales y negligencia en las modificaciones realizadas al edificio, las cuales habrían provocado el colapso.
Según los peritos, la causa principal fue una sobrecarga excesiva sobre las vigas postensadas del techo, agravada por remodelaciones sin criterios técnicos, como la eliminación de columnas, la instalación de casetas de aluzinc, equipos de climatización y tinacos de agua adicionales. Estas intervenciones comprometieron la estabilidad del edificio.
El colapso se produjo de forma súbita y progresiva, a partir de una falla inducida por flexión en las vigas, seguida de una torsión estructural que generó el desplome masivo.
El informe destaca que las vigas carecían de anclajes sólidos, lo que facilitó la propagación de la falla a todo el sistema.
Los ingenieros Leonardo de Jesús Reyes Madera, Eduardo A. Fierro y Máximo Corominas, responsables del informe forense, determinaron que no es viable reparar la estructura restante, recomendando su demolición total y reconstrucción desde cero.
Este informe será pieza clave en la formulación de cargos penales, al establecer una cadena de decisiones técnicas irresponsables que derivaron en la tragedia.
Las pruebas están siendo evaluadas por el equipo de la Dirección de Persecución, encabezado por Wilson Camacho.
El Ministerio Público sostiene que los imputados actuaron con negligencia criminal al permitir alteraciones estructurales sin supervisión profesional ni estudios de carga, poniendo en riesgo la vida de cientos de personas que frecuentaban el lugar.
Con base en estos hallazgos, se espera que el caso avance a juicio, donde se determinará el grado de responsabilidad penal de los propietarios y otros posibles involucrados en las decisiones técnicas que derivaron en el colapso mortal.
