La lucha contra la corrupción, uno de los principales compromisos de campaña del presidente Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM), enfrenta tensiones ante los constantes escándalos que golpean a distintas instituciones públicas.
Aunque el Gobierno insiste en que ahora las irregularidades no se ocultan y se investigan, las denuncias han generado ruido en la opinión pública y cuestionamientos sobre el alcance real de la promesa de mayor transparencia.
Uno de los casos más sonados involucra al Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), donde Compras y Contrataciones anuló 18 licitaciones y mantiene bajo observación otras 25. Similar situación enfrenta el Seguro Nacional de Salud (Senasa), investigado por una supuesta red de corrupción en la ARS estatal, lo que ha encendido las alarmas en el sistema sanitario y en la sociedad.
El propio Abinader admitió irregularidades y recordó que fue el Gobierno quien solicitó a la Procuraduría una investigación sobre Senasa.
A esto se suman otros casos como la anulación de la compra de pitos en Educación Física por más de RD$5 millones, que desató fuertes críticas por la falta de estudios previos, así como la denuncia contra el exministro Ángel Hernández presentada por Adocco, y el escándalo por los RD$57 millones invertidos en un congreso de ética en Punta Cana.
La lista de episodios polémicos incluye además la compra irregular de jeringas en Salud Pública en 2021, el fraude del “bolo 13” en la Lotería Nacional, la destitución del director del Inposdom por contratos cuestionados y licitaciones anuladas en programas sociales y en el propio Ministerio de Educación. Estos hechos, aunque investigados o sancionados en algunos casos, han mantenido al gobierno bajo constante escrutinio.
Pese a todo, el país ha mostrado avances en los rankings internacionales. El índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional 2024 refleja una mejora del 8 % y una reducción de 33 posiciones desde 2020.
Sin embargo, las encuestas nacionales evidencian la brecha entre percepción y resultados: la Gallup de febrero de 2024 reveló que el 71.4 % de los ciudadanos cree que la corrupción no ha disminuido en cuatro años.
En contraste, un 54.6 % reconoce avances en transparencia y un 41.2 % percibe menos hechos corruptos bajo la actual gestión. Pero otra encuesta, la de Cultura Democrática del Ministerio de Economía, mostró un salto negativo: la percepción de corrupción subió de 31 % en 2022 a 58 % en 2023.
Estas cifras reflejan un desafío central para Abinader: sostener los avances institucionales mientras enfrenta los efectos políticos y sociales de los escándalos que ponen a prueba su discurso de integridad.
