La Cámara de Diputados de la República Dominicana aprobó el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Alertas para la búsqueda de personas desaparecidas, una iniciativa que busca agilizar la respuesta de las autoridades ante denuncias de desaparición en el país.
La pieza legislativa, que ahora queda pendiente de promulgación por parte del Poder Ejecutivo, establece un nuevo protocolo de actuación para los organismos de seguridad y elimina el requisito de esperar 24 horas para iniciar una búsqueda formal.
De acuerdo con la normativa, la Policía Nacional de la República Dominicana o el Ministerio Público podrán activar de inmediato la alerta una vez recibida y evaluada la denuncia de desaparición. Posteriormente, los datos de la persona serán incorporados a un registro nacional que permitirá coordinar operativos en hospitales, terminales de transporte, aeropuertos y puestos fronterizos.
La ley dispone además que una comisión encabezada por el Ministerio del Interior y Policía será responsable de coordinar la difusión de fotografías e información relacionada con la persona desaparecida a través de radio, televisión, mensajería móvil, redes sociales y boletines oficiales.
Asimismo, el marco legal contempla que, en casos donde existan indicios de traslado fuera del país, las autoridades podrán solicitar apoyo a organismos internacionales para ampliar la búsqueda.
El sistema establece una duración inicial de cinco días para la alerta, aunque las autoridades podrán extenderla por períodos iguales según avance la investigación y las circunstancias del caso.
La legislación también crea cuatro tipos de alertas específicas. La Alerta AmberRD estará dirigida a la localización de niños, niñas y adolescentes desaparecidos; la Alerta Silver se aplicará para personas mayores de 65 años; la Alerta Azul cubrirá casos de ciudadanos con limitaciones físicas o cognitivas; mientras que la Alerta Rosa será utilizada en desapariciones de mujeres.
Otro de los aspectos incluidos en la ley contempla sanciones para funcionarios públicos que omitan reportar casos de desaparición de los que tengan conocimiento. Las medidas disciplinarias incluyen destitución del cargo y posibles responsabilidades civiles y penales.
