Fray Bartolomé de las Casas y otros historiadores aseguran que el funcionario de Nicolás de Ovando: Cristóbal de Santa Clara, tesorero de la antigua isla de Santo Domingo, fue nuestro primer corrupto. Consenso existe entre los historiadores que, aunque Santa Clara fue despojado de lo robado y destituido del cargo, siguió teniendo mucho poder, es decir que la figura de la impunidad ha sido un mal endémico en nuestro país.
Aunque relato hechos históricos, en realidad, un artículo de Orión Mejía de su columna ‘’ A Rajatabla’’ me motivó a escribir estos párrafos, pues me impactó sobremanera que la corrupción le arrebate impunemente a este pobre pueblo, la friolera de 150 mil millones de pesos al año. ‘’Una suma superior al presupuesto de salud’’ dice el veterano periodista.
Lo más sorprendente es la alusión que hizo el señor Orión Mejía sobre el movimiento deportivo nacional. Este párrafo es para ‘’ guardar en un cofre’’.
‘’ Los escándalos del Senasa y del Centro Oncológico de Santiago se presentan como muy dolorosos ejemplos de una epidemia ética y moral que ha contagiado los servicios de salud, pero también al movimiento deportivo a través de varias federaciones y asociaciones deportivas’’.
No requiere acuciosidad, llegar a la conclusión, que el autor tiene voluminosas informaciones sobre corrupción en el sistema olímpico-federativo y que simplemente hace una atinada advertencia.
Una espiral de silencio se cierne sobre los actos de corrupción en el deporte olímpico. El último caso es el escándalo con relación a la supuesta repartición de 70 mil dólares que hizo la Federación de Atletismo entre sus ejecutivo. Se dice que algunos ya han devuelto lo recibido.
El caso más insólito pasó vergonzosamente desapercibido. Fue la denuncia que hizo el primer vicepresidente de la federación de softbol, Juan Luis Medina Rodríguez, sobre el supuesto uso de 5 millones de recursos públicos que hiciera Garibaldy Bautista, presidente del Comité Olímpico Dominicano para reelegirse en la federación de softbol. Este caso debió investigarse y determinar si hubo una difamación o un hecho real de corrupción.
